Los contribuyentes deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), presentar declaraciones periódicas (mensuales, trimestrales y anuales) de ISR e IVA, emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por sus operaciones, y pagar los impuestos correspondientes.

El CFDI es un documento electrónico que valida las transacciones comerciales y sirve para efectos fiscales. Es importante porque es una herramienta que permite al SAT verificar que los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Las sanciones pueden incluir multas, recargos, actualizaciones, auditorías fiscales y, en casos extremos, procesos judiciales.

Los arrendadores deben emitir CFDI por cada renta recibida, declarar los ingresos obtenidos por arrendamiento, pagar el ISR y, si aplica, el IVA correspondiente.

Emitir CFDI es crucial porque documenta formalmente los ingresos y es una obligación legal. No hacerlo puede resultar en sanciones y problemas legales, especialmente en caso de litigio.

En un juicio, si un arrendador no puede acreditar haber emitido CFDI, el juez puede informar al SAT, lo que puede derivar en auditorías y sanciones fiscales.

Existen el Régimen General de Arrendamiento y el Régimen Simplificado de Confianza.

El Régimen General de Arrendamiento requiere una contabilidad detallada y permite deducciones específicas o la opción de contar con una deducción ciega del 35%, mientras que el Régimen Simplificado de Confianza simplifica las obligaciones fiscales, no existe necesidad de hacer declaraciones mensuales mas que la anual y aplica tarifas reducidas, asímismo no existe la obligación de llevar contabilidad electrónica.

Gastos de mantenimiento, reparaciones, seguros, intereses hipotecarios, y pagos de servicios relacionados con la propiedad arrendada.

Se calcula aplicando una tarifa progresiva basada en los ingresos obtenidos, menos las deducciones permitidas.

Personas físicas con ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos, aunque también existe la posibilidad de que personas morales puedan optar por este régimen siempre y cuando no tengan ingresos superiores a 35 millones de pesos anuales. Se recomienda verificar quienes no pueden tributar bajo este régimen en el apartado de preguntas y respuestas del SAT.

Menor carga administrativa, tarifas de ISR reducidas, que van desde el 1% hasta el 2.50% de impuesto sobre el ingreso obtenido, sin necesidad de acreditar ningún tipo de deducción.

Riesgo de multas, recargos, actualizaciones, auditorías fiscales, y posibles procesos judiciales y riesgo de no poder deslindar responsabilidad ante procedimientos de extinción de dominio.

Emitiendo CFDI por cada pago de renta, manteniendo una contabilidad ordenada y actualizada, y cumpliendo con todas las declaraciones fiscales en tiempo y forma.

La Ley de Extinción de Dominio permite al estado confiscar propiedades relacionadas con actividades ilícitas. Su propósito es prevenir y sancionar el uso de bienes inmuebles en delitos como narcotráfico, secuestro, y corrupción.

Un propietario debe demostrar que desconocía las actividades ilícitas y que está al corriente con sus obligaciones fiscales derivadas del arrendamiento, manteniéndose al día el pago de impuestos, ya que es un requisito para acreditar la buena fe, y deslindarse de cualquier responsabilidad ante un procedimiento de Ley de Extinción de Dominio.

La propiedad puede ser confiscada por el estado, y el propietario puede enfrentar procesos judiciales adicionales.